Nuevo record en elnúmero de familias desahuciadas durante el 1er trimestre de 2012 (517 al día) y datos silenciados por la administración: ¡doble vergüenza!
El poder judicial (CGPJ) acaba de hacer públicos los datos sobre ejecuciones hipotecarias y lanzamientos referentes al primer trimestre de 2012.
Esta vez, destaca de forma alarmante el apartado de los lanzamientos (término técnico para nombrar los desalojos forzosos de viviendas y locales). Según los datos de lanzamientos realizados por los servicios comunes de notificaciones y embargos, el primer trimestre de 2012 marcó un nuevo registro histórico con 18.424 lanzamientos, y el número total desde 2008 ya asciende a 185.140.
Sin embargo hay que resaltar que estas cifras no reflejan una imagen completa del total de desalojos que se realizan en el estado español. Estos últimos datos proporcionados por el CGPJ nos informan que hasta ahora no se habían contabilizado los lanzamientos ordenados por juzgados de primera instancia en las localidades en las que no existen los servicios comunes de notificaciones. El resultado de esta novedad es escandaloso: sólo en el primer trimestre de 2012 los lanzamientos que hasta ahora no se contabilizaban son muy superiores a los comunes: 28.135. Si sumamos las dos cifras, tenemos que sólo en el primer trimestre de 2012 se han ejecutado 46.559 desalojos en el estado español.
Solo en la Región de Murcia, en este primer trimestre de 2012 se han contabilizado un total de 1.175 desahucios, de los que 921 correspondena los lanzamientos ordenados por juzgados de primera instancia y 254 ordenados por los serbvicios comunes de notificación.
Así, según losdatos del primer trimestre de 2012, en España se han producido 517 desalojos judiciales cada día. Una triste realidad que no debe ser ajena al actual gobierno de España que de este modo desatiende sus obligaciones.
Pero la pregunta inmediata es: ¿cuantos desalojos se han realizado hasta 2011 sin que se hayan publicado los datos? Si entre 2008 y 2011 teníamos conocimiento de 166.000 desalojos contando sólo con los datos de los servicios comunes, y a tenor de la proporción de los lanzamientos en juzgados de primera instancia de 2012, hay que suponer que desde 2008 se pueden haber producido cerca de 400.000 desalojos en España. una cifra que a muchos de nosotrs y nosotras nos produce escalofrios.
Además de los desalojos, no hay que olvidar las ejecuciones hipotecarias, causa mayoritaria de los desalojos. En estos tres meses el número de ejecuciones hipotecarias iniciadas ascienden a 24.792 , el tercer peor registro desde que estalló la crisis, con un incremento del 14% respecto al mismo periodo del año anterior, desmintiendo las voces interesadas que decían que las ejecuciones estaban disminuyendo. En total, el número de procedimientos ejecutorios iniciados por impago de hipoteca ya ha afectado a más de 374.230 familias. Teniendo en cuenta que cada familia cuenta con varios miembros y que cada ejecución suele llevarse por delante la vivienda de los avalistas, generalmente padres y personas allegadas, los datos del poder judicial representan una auténtica lacra. El ránquing de ejecuciones hipotecarias lo encabeza Andalucía (72.900) seguida muy de cerca por Cataluña(70.663) y la Comunidad Valenciana (69.951). El ranquing de ejecuciones por provincias lo encabeza Barcelona (41.731) , Madrid (40.123) y Alicante (32.228).
La PAH ha llamado al servicio de prensa del CGPJ y ha confirmado que los datos son tal y como aquí los hemos resumido. A la pregunta de si el CGPJ publicará los datos de todos los lanzamientos entre 2008 y 2011 que hasta ahora no han sido contabilizados, el servicio de prensa no ha sabido responder. Agradecemos que por primera vez el CGPJ haya hecho públicos estos datos, pero exigimos que, en nombre de la democracia y la transparencia, no se nos oculten datos tan relevantes como son los cientos de miles de desalojos que se están perpetrando contra la población empobrecida por esta crisis que no es una crisis, sino a todas luces una gran estafa. Tenemos derecho a saber la cifra total de desalojos desde 2008 y, ya de paso, no estaría mal que la administración contabilizara el coste económico que ha tenido para las arcas públicas toda esta violencia judicial y policial puesta al servicio mayoritariamente de entidades financieras usureras que han arruinado las vidas de miles de personas y la economía entera del país.
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